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Por quién doblan las campanas

Publicado el 08/03/2016 en Noticias UCC

Por Alicia Morales Lamberti, profesora titular de Derecho Agrario y Minero en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

El régimen jurídico de promoción de inversiones mineras, ha sido siempre un banco de prueba de las pujas por la captura y distribución de la renta minera entre las empresas concesionarias y el Estado, así como de las controversias sobre la distribución de los costos sociales y ambientales intrínsecamente asociados.

La reciente eliminación de los derechos de exportación o retenciones aplicadas a las exportaciones mineras (Decreto 349/2016) es una controvertida decisión política, que constituye una transferencia de recursos públicos a algunas empresas mineras, que excede su incidencia en los gastos tributarios[1]: ¿quiénes ganan, quiénes pierden y quiénes pagan?.

La medida nada aporta al federalismo fiscal, por cuanto las directas beneficiarias no son las provincias mineras, sino un reducido grupo de empresas multinacionales, dedicadas a la producción a gran escala de minerales metalíferos (doré/concentrados) con destino a la exportación, que representan economías de enclave sin encadenamientos al interior del aparato productivo y social. Ningún beneficio obtienen las Pymes o la industria de base minera nacional, cuyo desarrollo ha arraigado pueblos y ciudades con empleos genuinos y permanentes en el último siglo.

Esa supresión de las retenciones aplicadas a las exportaciones mineras, sin condicionamientos ni compromisos previos de inversiones a mediano y largo plazo, difícilmente pueden generar efecto “derrame” positivo para el desarrollo local.

Tampoco encuentran justificación en el reiterado planteamiento corporativo, basado en que la introducción de derechos de exportación alteraron el beneficio de estabilidad fiscal, cambiaria y arancelaria para la actividad minera por 30 años: la Corte Suprema de Justicia de la Nación reiteradamente ha sostenido que ese argumento resulta ineficaz para oponerse al pago de derechos de exportación, pues “no existe conflicto alguno entre el régimen de estabilidad minera regulado por la ley 24.196 y el pago de los derechos de exportación cuestionados (…) Ninguna disposición de la ley 24.196 ni de su reglamentación exime derechamente a los sujetos comprendidos en el régimen del pago de nuevos gravámenes que se establezcan, o de los incrementos que se dispongan, con posterioridad a la presentación del estudio de factibilidad…”.

Resulta válido preguntarnos si esa (nueva) renuncia tributaria, tendrá aptitud para dar alguna respuesta a la persistente brecha entre las expectativas generadas por la actividad minera a gran escala y los reales beneficios obtenidos por la población local y regional donde se encuentra el área de influencia de los yacimientos en explotación.

A más de dos décadas de un régimen promocional minero privilegiado, los indicadores demuestran que las poblaciones locales no han obtenido mejoras tangibles en infraestructura, saneamiento y calidad de vida en general, pero son afectadas por reiterados “accidentes” ambientales totalmente previsibles. ¿Qué ocurrirá cuando se paralicen las actividades o concluya el ciclo de vida de los yacimientos, si este tipo de gasto tributario continúa sin relacionarse con la situación económica que sobrevendrá con el cierre de proyectos y persiste la inexistencia de vinculación financiera con programas de desarrollo económico o social alternativos a la explotación minera?

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[1] Gasto tributario, es aquella recaudación que el fisco deja de percibir en virtud de la aplicación de regímenes impositivos especiales (renuncia tributaria). 

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